Alejandra Acosta *
“Dejáis las sillas muy calientes”, “sois unas vagas, no hacéis nada y tenéis muchas vacaciones”, a menganita le “huele el ‘chocho’”, “cobráis más que nosotros”, “porque no me sale de los cojones”. Estas son algunas de las gravísimas humillaciones que las periodistas del gabinete de prensa del Ayuntamiento de Madrid hemos soportado durante doce años, concretamente desde 2003, cuando llegó Alberto Ruiz-Gallardón a la Alcaldía. Lo hizo ‘equipado’ de un colosal número de cargos de confianza que usurparon el trabajo de los funcionarios y los condenaron al más absoluto ostracismo. Esta violencia cruel e innecesaria no solo ha sido verbal, también física, como puñetazos y patadas a mesas y sillas sólo por reclamar los derechos laborales básicos que nos han negado a lo largo de una década, y hasta ha habido un tirón de pelos a una redactora.
Los hechos de los que yo he sido víctima y testigo afectan a la Dirección General de Medios Comunicación (DGMC), donde aterrizaron una treintena de eventuales que duplicaron innecesariamente la plantilla del departamento de prensa. Entraron sin presentarse, sin saludar a nadie y sin dar explicación alguna. Ni siquiera reunieron una sola vez al equipo para informarnos de lo que iba a ser la labor del Gabinete y sus trabajadores, o qué se esperaba de ellos, o bien si tenían intención de cambiar las jefaturas y la organización del servicio. En un tiempo récord, los tres eventuales que nos tocaron en suerte en la Redacción nos hurtaron áreas de responsabilidad clave, así como la mayoría de las competencias que históricamente tenía asignadas el Gabinete, convertido en un taller clandestino de notas de prensa que, según ellos, “no valen para nada”. También nos cortaron cualquier contacto con políticos, técnicos y medios de comunicación. El aislamiento interno y externo estaba servido, un caldo de cultivo perfecto para extender rumores y falsedades y provocar el mayor daño posible entre los empleados, a los que intencionadamente enfrentaron desde el primer día y que ha llevado al servicio a un callejón sin salida.
En cuanto a los niveles de responsabilidad, a la mayoría de los eventuales, algunos sin titulación ni licenciatura, se les asignó jefaturas y otros puestos directivos, aunque para ello tuvieran que inventarse departamentos ficticios, como el de Televisión, que en realidad no existe. En todo caso, no pueden, de ninguna manera dirigir a periodistas funcionarios, pero lo han hecho durante años, vulnerando flagrantemente el Estatuto Básico del Empleado Público, que limita las funciones del personal eventual a las “expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial”.
En 2012, a raíz de una denuncia por acoso laboral, el Ayuntamiento reconoce el exceso de cargos de confianza en prensa, aunque lo denomina eufemísticamente “redimensionamiento al alza”, y advierte del riesgo que conlleva para el funcionamiento del servicio.
He calculado cuánto ha costado a los madrileños este enorme desastre. Sólo en los sueldos de los eventuales de prensa hemos pagado a escote, y por arrasar un servicio público, más de 50 millones de euros, como mínimo, entre 2003 y 2015. Si esto ha pasado en otras concejalías y departamentos municipales, y ya les digo que ha pasado, la cifra de la que podríamos estar hablando es incalculable. Hasta un delegado del PP del equipo de Ana Botella, que llegó tras la marcha de Ruiz-Gallardón, lo primero que preguntó al entrar a su Concejalía fue que dónde estaban los funcionarios. Se los había tragado la tierra. Imaginen el despilfarro si este abuso de dinero público se está produciendo en todas las instituciones y organismos públicos.
En definitiva, los madrileños hemos tenido que pagar dos veces: a los funcionarios castigados a no hacer nada –muchos de ellos directivos– y costear además los descomunales sueldos de los cargos de confianza, incrementados con jugosos pluses de productividad y gratificaciones extraordinarias, además de móviles de última generación, comidas, viajes y otros dispendios que probablemente nunca sabremos hasta dónde han llegado. ¿No es esto también corrupción? ¿Cuántas becas de comedor se podrían haber concedido con ese dinero tirado al bolsillo de personas que para nada son necesarias en la Administración? ¿Cuántos dependientes podrían haber recibido asistencia? ¿Cuántas ayudas a desempleados, emprendedores, a familias desahuciadas?
La DGMC no sólo se ha revelado incapaz de gestionar la comunicación y el equipo de periodistas de una institución tan relevante como el Ayuntamiento de la capital española, es que su actuación ha sido tan letal para el gabinete de prensa como para la imagen de la administración local.
Todo lo que les he contado está denunciado ante los tribunales de Justicia, además de por quien firma este artículo, por otras dos redactoras, Carmen Vijuesca Sierra y Pilar Aller. Dos de nosotras hemos sido sancionadas, y a mí me han expulsado del servicio por “desconsiderada”.
Por último, una pregunta a Ruiz-Gallardón: ¿por qué se preocupa usted tanto de los “concebidos no nacidos” y trata tan mal a los que ya estamos criados?
(*) Alejandra Acosta es periodista y funcionaria del Ayuntamiento de Madrid.