Utilizando como burda excusa el Plan de Pago a Proveedores, el pasado 28 de marzo la Alcaldesa de Madrid faltó a la palabra dada y procedió a modificar unilateralmente las condiciones pactadas en el Convenio.
Junto con el recorte de derechos a las empleadas y empleados del Ayuntamiento se aprobó una subida de todos los impuestos y tasas municipales. Entrar a una instalación deportiva será el año que viene un 30% más caro. Los talleres culturales subirán un 50%. Detrás se esconde el peso de la enorme deuda municipal generada por el despilfarro y la imprevisión de los gobiernos Gallardón-Botella.
Las trabajadoras y trabajadores municipales han decidido movilizarse para oponerse a los recortes y denunciar la falsedad e injusticia de las medidas empleadas. Todos los viernes acudimos a los puestos de trabajo vestidos de luto para mostrar nuestro rechazo al camino emprendido.
Otras soluciones son posibles. Por ejemplo, si la Alcaldesa de Madrid y los concejales homologaran sus salarios al del Presidente del Gobierno y sus ministros, el Ayuntamiento ahorraría 2,8 millones de euros al año (sueldo Ana Botella: 101.000€; sueldo Mariano Rajoy: 78.000€) Pero al implicar un esfuerzo compartido o dirigirse hacia la mejora del Servicio Público las alternativas son desechadas. Se trata de deteriorar el Estado del Bienestar para justificar la privatización de sus Servicios Públicos.